Dicha institución está facultada y obligada a fomentar y proteger los derechos de propiedad industrial, así como a realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; a ordenar y practicar visitas de inspección, requerir información y datos; como ejecutar las medidas provisionales necesarias para prevenir o cesar la violación a los derechos de propiedad industrial. E imponer las sanciones administrativas correspondientes en dicha materia. (Artículo 6° de la Ley de la Propiedad industrial, párrafo I y V)

Por lo cual, como lo ordena dicho ordenamiento jurídico, el IMPI se enfrenta con la obligación de atacar un problema que tenemos en la actualidad en nuestro país que está vulnerando los derechos de propiedad intelectual; es decir, la “piratería”.

El consumo de productos ilícitos y falsos ha aumentado de manera importante y en encuestas realizadas por dicha institución se confirmó que más de un 85% de personas ha consumido estos productos alguna vez, obteniéndolos a un precio de hasta el 50% menos de lo que cuesta originalmente.

PERO, la piratería no solo afecta en la violación de los derechos de propiedad intelectual, sino también en el ámbito de comercio informal que a su vez refleja perdidas económicas tanto para el particular que son los que poseen los derechos sobre los productos o marcas; como para el Estado, ya que por estos productos no se pagan los impuestos correspondientes, un ejemplo seria el IVA.

También está provocando daños a la salud, ya que también hay productos piratas en: medicamentos, maquillajes, productos de belleza, por mencionar algunos, los cuales son de baja calidad y riesgosos.

Es por ello que el IMPI debe ocuparse en la creación de políticas públicas que ayuden a disminuir en nuestra población el consumo, así como disminuir la venta de estos productos para evitar algunas de las consecuencias negativas